La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha aplaudido el anuncio del Reino Unido de crear un régimen sancionador para las grandes compañías que no paguen en plazo a sus proveedores. A este sistema de multas se suman otras medidas que ha propuesto la ministra británica para Pequeñas Empresas, Kelly Tolhurst, como la obligatoriedad para los comités de auditoría de informar de las prácticas de pago en los informes anuales de las compañías.
Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, se trata de “un hito histórico que tome este tipo de medidas un país como Reino Unido, en el que la gran mayoría de las empresas pagan sus facturas a tiempo y donde en los cinco últimos años se ha reducido a la mitad la cantidad adeudada en pagos atrasados”.
“Conscientes del gran impacto que los retrasos en los pagos pueden tener en la capacidad de una pequeña empresa para planificarse, invertir y crecer, en Reino Unido han sabido comprender que poner fin a la cultura de la morosidad impulsa la productividad de las pymes, elimina barreras al crecimiento y mejora el flujo de efectivo”, añade Cañete.
Pendientes del trámite en España de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad
En opinión del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “España necesita seguir ya el ejemplo de Reino Unido”. En este sentido, ha recordado a los grupos parlamentarios la necesidad de que en cuanto se forme Gobierno “se agilice” el trámite en el Congreso de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad.
El compromiso del arco parlamentario —que en su mayoría siempre han manifestado y han llevado en su programa electoral y en los diferentes pactos de Gobierno que han realizado— “debe ser claro y tener su continuidad”, reclama el presidente de la PMcM.
Por ello, “creemos que se tramitará de forma rápida porque, además, no partimos de cero, sino que el trabajo está hecho prácticamente en un 80%, ante lo cual estamos agradecidos, aunque bien es cierto que no se ha podido materializar todavía después de haber pasado dos años desde que la Cámara aprobara su tramitación por unanimidad”, explica.
Cañete ha destacado que la nueva ley traerá consigo un régimen sancionador que multará a las empresas morosas, “un punto de inflexión que seguro reducirá la lacra de la morosidad en nuestro país; no olvidemos que España es el país de la UE con los plazos de pago más largos, según el último informe de la Comisión Europea”.
Respecto al contenido de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, Cañete ha recordado que es “de vital importancia” que se mantenga la norma imperativa que establece el artículo 4.3 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, que prohíbe pactar una ampliación del plazo de pago en las operaciones comerciales por encima de los 60 días naturales. Asimismo, ha reclamado que esta norma imperativa se haga extensiva al artículo 17 (“Pagos a los proveedores” de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista), “puesto que en la actualidad este artículo no fija ningún límite temporal para pactar un plazo de pago con los proveedores cuando los productos no son de alimentación ni de gran consumo”.
Por otra parte, Cañete ha querido reivindicar que se incluya a la PMcM en el Consejo Estatal de la PYME (autor del recién creado Marco Estratégico de la PYME). “Es incomprensible que no se cuente con la PMcM, una organización que representa a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos”, sentencia.
Informa D&B publica su 6º Análisis de comportamiento de Pagos Empresarial 2019
INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de CESCE), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, acaba de publicar, un año más, su Análisis sobre Comportamiento de Pagos Empresarial 2019, que, según Antoni Cañete, “corrobora en cierta manera lo que viene denunciando la PMcM sobre que en España se acepta y se asimila con cierta normalidad la cultura de la morosidad”.
Por ejemplo, INFORMA señala en su análisis que, a pesar de que el 49% de las empresas españolas asegura conocer la directiva europea sobre morosidad, solo el 14% aplica a sus clientes intereses de demora por retrasos en los pagos. Asimismo, casi el 70% empresas españolas considera que la legislación no ha mejorado los plazos de pago, ya se trate de empresas con transacciones interempresas, con consumidores o con la Administración.
Respecto al retraso intencionado en los pagos, este ocupa la tercera posición. Concretamente, el 38% de los encuestados consideran que los retrasos en los pagos se deben principalmente a problemas financieros, un 29% lo achaca a temas administrativos, mientras que los retrasos intencionales alcanzan el 23%.
El régimen sancionador es, de lejos, la medida que los encuestados consideran fundamental para mejorar la morosidad, el 46 %, mientras que un 15 % opina que habría que obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago reales.
Usar información comercial es la primera medida adoptada para luchar contra la morosidad. Casi el 50% de las empresas cuentan con una política de cobro o un departamento especializado.
