PIMEC y las organizaciones patronales ACELLEC, AECPYMES, ASCEN, ACCAC, ACES y ACAD creen que alguna de las críticas que se han realizado al proyecto de ley de contratos de atención a las personas, que se está tramitando actualmente en el Parlament de Catalunya, no están justificadas. Consideran que el texto ni promueve ni facilita la externalización de servicios públicos. Únicamente establece las condiciones de la contratación pública de los servicios que atienden a las personas con parámetros de calidad, una vez ya se ha decidido su externalización.
No obstante, creen también que una parte de las disposiciones incluidas en la ley discriminan a los licitadores por su forma jurídica, penalizando a las empresas mercantiles, que podrían quedar directamente excluidas si se generalizan las medidas previstas. Esto afectaría muy especialmente a la pequeña y mediana empresa, que basa su competitividad en el trabajo de proximidad y en la calidad del servicio. Estas disposiciones hacen referencia a la estructura societaria de los licitadores y a aspectos organizativos, que no tienen nada que ver con la calidad del servicio a prestar.
Por otro lado, la ley contempla la posibilidad de establecer como criterios de selección previa formar parte de las llamadas empresas sociales, una figura jurídica que todavía no se ha regulado, con la evidente inseguridad jurídica que esta medida producirá. Igualmente, prevé la posibilidad de suscribir contratos reservados para este tipo de empresas, con lo que el riesgo de exclusión para la pequeña y mediana empresa es si cabe mucho más elevado. En la declaración realizada por las organizaciones patronales se especifican los artículos de la ley a los que se oponen.
