• Ha entrado en vigor la nueva Ley de FP donde, según el Ejecutivo, la empresa será escenario también de la formación del alumnado.
• Para CONPYMES, el objetivo principal del sistema de FP es proporcionar a las personas las capacidades necesarias para desempeñar su profesión.
CONPYMES ha analizado con detenimiento el texto de la nueva Ley de Formación Profesional (FP), que entró en vigor el 21 de abril, y ha planteado algunas cuestiones que facilitarían su aplicación de manera más efectiva y beneficiosa para el tejido productivo de España. Para la Confederación Nacional de Pymes, el principal objetivo del sistema de Formación Profesional es proporcionar a las personas las capacidades, conocimientos y competencias necesarias para desempeñar una profesión.
Según CONPYMES, la comunicación entre este sistema formativo y el mundo empresarial debería ser estrecha y permanente, de manera que el primero pudiera adaptar sus contenidos a los requerimientos del segundo de la forma más rápida posible. Sin embargo, el modelo español de FP, más próximo al francés que al alemán –por lo menos en sus orígenes–, refleja más una laboralización de la escuela que del lugar de trabajo. Consecuencia de ello es una histórica separación de ambos contextos que ha dado lugar a desajustes importantes entre la capacitación de los trabajadores y las necesidades del entorno productivo.
Para CONPYMES, la FP tiene que abordar el reto de aportar valor y capacitación a la transformación sectorial y laboral en España: “Formación Profesional es, o debería ser, sinónimo de flexibilidad, organización modular, versatilidad y formación permanente, todas ellas características del empleo en la sociedad pos-COVID-19. Por tanto, debemos trabajar para poner de manifiesto el valor estratégico de la formación profesional en un sistema socioeconómico que pretenda ser competitivo”.
Los desafíos a los que se enfrenta el país, según indica la organización representativa de pymes y autónomos, son los siguientes:
- Mayor financiación para la FP.
- Reforzar el diálogo entre autoridades educativas e interlocutores sociales.
- Cooperar con la enseñanza primaria y el primer ciclo de la enseñanza secundaria para garantizar que las cualificaciones básicas que adquieran los alumnos se conviertan en un puente para la FP.
- Promover la cooperación entre los servicios de orientación y las empresas.
- Hacer un mejor uso de los datos sobre la transición y los resultados en el mercado de trabajo para basar la oferta de FP en dicha formación.
- Vincular las herramientas de la Unión Europea para ayudar a las personas a progresar en la formación y el trabajo, y para ofrecer más oportunidades de desarrollo profesional a profesores y formadores de FP.
Por un lado, se presenta un sistema único de FP uniendo los dos subsistemas actuales. CONPYMES cree que, con el fin de que esta integración sea real sin prevalencias de un sistema sobre el otro, es indispensable la creación de un órgano de integración que tenga como funciones la dirección, coordinación y gestión de los servicios del sistema, cuya adscripción le permita disponer de la suficiente autonomía de gestión respecto a la organización de la administración que garantice y vehicule al nivel operativo las decisiones tomadas en el ámbito de la gobernanza. “El gran reto de integrar los dos sistemas de FP puede ser también una de las mayores dificultades si no se alcanza la necesaria coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, sobre todo en la planificación de la oferta formativa”, defiende CONPYMES.
Por otro lado, para mantener el enfoque integrador que persigue el proyecto de Ley, la organización considera necesario desarrollar el sistema de clasificación de los certificados profesionales (grado C) y los ciclos formativos (grado D) teniendo en cuenta su equivalencia en relación con su nivel y evitando que ninguna de estas modalidades quede como un apéndice secundario o inferior en el sistema de FP.
Por último, en cuanto a la participación de la empresa, CONPYMES asegura que el modelo dual planteado debe atender especialmente el papel de las pequeñas empresas y microempresas, cuya participación en la FP Dual no llega ni al 20% de la totalidad de empresas que participan actualmente. Teniendo en cuenta que estas empresas representan más del 95% del tejido empresarial nacional, el impulso de la FP Dual en todo el sistema pasa necesariamente por su incorporación. En esta línea, proponen analizar, con las administraciones correspondientes, medidas que lo hagan factible, como desgravaciones fiscales y beneficios a la Seguridad Social, ventajas vía ayudas y líneas de financiación, o reconocimientos sociales.
En definitiva, en palabras de José María Torres, presidente de CONPYMES, “valoramos positivamente el papel que las empresas van a adquirir con la implantación de esta nueva ley, ya que consideramos que el papel de la empresa es triple: es origen de la necesidad y destino del resultado de cualquier proceso de formación, ya que la formación profesional debe ser profesionalizadora; es un agente formativo de los diferentes modelos de prácticas y aprendizaje (dual), y debe ser impulsora ante sus personas trabajadoras de los procesos de formación”. Por tanto, Torres afirma que “se hace imprescindible promover actuaciones dirigidas a impulsar una Formación Profesional de calidad, innovadora, inclusiva y excelente, capaz de desarrollar todo el talento que nuestro país necesita”.
