El presidente de CONPYMES, José María Torres, asegura que “seguiremos peleando para que este plazo de pago se implante porque las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial español, son las que más sufren la morosidad”
La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) ha lamentado la decisión del consejo de ministros de Industria de no implantar el plazo de pago máximo obligatorio en 30 días para el pago de las facturas a proveedores. Durante la sesión pública en la que se ha debatido el Reglamento Europeo de la Morosidad, en el marco del Consejo de Competencia que ha tenido lugar este jueves, 24 de los 27 ministros de Industria de los Estados miembros han votado en contra de la propuesta de la Comisión Europea por considerarla restrictiva.
El presidente de CONPYMES, José María Torres, ha asegurado que “seguiremos peleando para que este plazo máximo de 30 días se implante”. En este sentido, ha recordado que “las pymes, que representan más del 99% del tejido empresarial español y europeo, son las que más sufren la morosidad, dado que, a diferencia de las grandes empresas, no tienen el mismo pulmón financiero y precisan que los pagos sean menos demorados”. Además, Torres considera que “las grandes empresas hacen negocio financiero jugando a aplazar grandes cantidades de dinero, y ese beneficio lo obtienen a base de ahogar a pymes y autónomos”.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de julio de 2023 sobre el Estado de la Unión, pidió a la Comisión, en lo que respecta a las pymes, que se adoptara urgentemente una Directiva revisada sobre morosidad. Para el presidente de CONPYMES, “es una importante oportunidad para poder proteger a las pymes y autónomos de esta lacra”.
CONPYMES trasladó su punto de vista sobre este asunto a todos los europarlamentarios el pasado 20 de febrero, cuando les hizo llegar una carta pidiendo que el Reglamento Europeo contra la Morosidad proteja a las pymes, manteniendo la propuesta de 30 días como plazo máximo de pago desde la entrega de los productos o servicios, y mostrando su rechazo a que se flexibilice dicha propuesta, ya que iría en contra de los intereses de las pequeñas y medianas empresas. “Esperamos que en la próxima reunión de la Comisión IMCO del Parlamento Europeo se den los pasos oportunos para la protección de las pymes y autónomos”, ha apostillado Torres.
