El presidente de CONPYMES, José María Torres, alerta de las “graves consecuencias” que dicha concentración bancaria tendría tanto para las pymes como para los ciudadanos en nuestro país agravando la situación de oligopolio financiero que viene sufriendo España en los últimos años
Por ello, CONPYMES solicita al Gobierno que articule los mecanismos legales y de control necesarios que garanticen un nivel suficiente de competencia real y diversificada en el sector bancario
La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), organización que representa a más de 2 millones de pequeñas y medianas empresas en España, se ha mostrado frontalmente en contra de la concentración bancaria que resultaría de prosperar la oferta pública de adquisición de acciones que ha lanzado hoy jueves el BBVA al Banco Sabadell, y que supone la primera OPA hostil en la historia de la Bolsa española.
El presidente de CONPYMES, José María Torres, considera que la concentración bancaria que viene produciéndose en los últimos años, y que se vería incrementada con la fusión de las dos citadas entidades, ya viene provocando “graves consecuencias” en la financiación tanto de las pequeñas y medianas empresas como del resto de ciudadanos de nuestro país, ante la reducción y concentración de la oferta financiera existente. Hay que tener en cuenta que, de prosperar esta operación, quedarían en la práctica tan sólo 3 bancos grandes que controlarían las tres cuartas partes del mercado financiero español, junto a otros 4 bancos pequeños que controlarían el cuarto restante, lo que contrasta con las más de 100 entidades bancarias y cajas de ahorro que existían hace tres décadas. Por eso, como advierte Torres, esta nueva concentración bancaria “acentuaría la situación oligopolista en un sector estratégico, como es el bancario, agravando la dificultad de las pequeñas y medianas empresas para acceder a la concesión de créditos y líneas de financiación, en muchos casos imprescindibles para poder seguir desarrollando su actividad”.
Por ello, CONPYMES considera necesario que el Gobierno articule los mecanismos legales y de control necesarios que garanticen un nivel suficiente de competencia real en el sector bancario para que tanto el tejido productivo empresarial español como los ciudadanos en general puedan acceder de forma libre y diversificada a la financiación que precisen.
