- Los 7.000 millones de euros de ayudas COVID para pymes y autónomos aprobadas por el Gobierno, y que deben gestionar las Comunidades Autónomas, van dirigidas a fomentar la morosidad entre empresas y sanear el balance de las entidades financieras.
- La exclusión de muchos sectores económicos y las dificultades y trabas establecidas para solicitar las ayudas han limitado enormemente el número de solicitantes, con lo que se corre el riesgo de que no se otorgue una gran parte del presupuesto destinado tal fin pese a la necesidad real de los autónomos y pymes afectadas por la pandemia.
Madrid, 6 de julio de 2021
Las ayudas por importe de 7-000 millones de euros que el Gobierno español aprobó el pasado mes de Marzo, siguiendo el mecanismo ideado por la UE y el BCE, para tratar de otorgar ayudas directas a los autónomos, pymes y grandes empresas más golpeados por la pandemia, corren el riesgo de quedarse en un mero “espejismo” frustrante para miles de pequeños y medianos empresarios y trabajadores autónomos que veían en dichas ayudas el “balón de oxígeno” que les permitiera hacer frente al fuerte impacto económico ocasionado por la pandemia.
Y es que lejos de cumplir el objetivo de ayudas directas con el que fueron anunciadas, las limitaciones y requisitos establecidos para poder acceder a ellas está suponiendo en la práctica que hasta la fecha sólo un pequeño porcentaje de posibles beneficiarios las han solicitado, lo que está dejando descolocadas a las Comunidades Autónomas, muy por debajo de las más de 500.000 empresas que solicitaron la financiación bancaria al amparo de los avales ICO-Covid-19.
Así, pese a que las ayudas iban dirigidas a todos aquellos autónomos o empresas que hubieran reducido su facturación al menos en un 30% durante 2020, sin embargo, inicialmente fueron excluidos numerosos sectores económicos de la posibilidad de solicitarlas, aunque cumplieran dicho requisito, sin justificación alguna para tal exclusión. Este error fue parcialmente subsanado por el Gobierno posteriormente, facultando a los Gobiernos autonómicos a que pudieran ampliar los sectores destinatarios de las mismas, lo que ha creado mayor confusión y descoordinación ya que en función de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio fiscal el autónomo o empresa puede optar o no a las ayudas aunque cumpla los requisitos.
A dicha limitación cabe sumar los demás requisitos establecidos para optar a la ayudas, como la de no haber incurrido en pérdidas en 2019, o la de exigir la presentación de una auditoría en la mayoría de los casos, pero y lo que es más grave aún sólo se puede incomprensiblemente acceder a las ayudas si el solicitante se encuentra en situación de morosidad con sus proveedores o bien tiene préstamos pendientes de devolución con su entidad financiera, lo que para CONPYMES sería el tercer rescate encubierto al sector financiero español, tras el presunto uso de los ICO COVID para reestructurar deuda (bajo incoación de expediente sancionador iniciado por parte de la CNMC) y los aplazamientos de los concursos de acreedores. Todos estos requisitos establecidos para optar a las ayudas, en la práctica está suponiendo que un porcentaje muy bajo de autónomos y empresas las estén solicitando.
Para CONPYMES estas ayudas resultan “decepcionantes y engañosas” ya que no se tratan de ayudas directas dirigidas a los autónomos y empresas que más las necesitan, sino que han sido configuradas para excluir precisamente a los que han venido cumpliendo sus obligaciones con sus proveedores y, en su caso, empleados, sino que por el contrario sólo van destinadas a los autónomos y empresas que hayan incumplido la legislación sobre plazos máximos de pago o bien para pagar anticipadamente sus préstamos financieros, esto es, para reducir los riesgos de la sistema financiero español y del Instituto de Crédito Oficial.
Por ello CONPYMES solicita al Gobierno de España, a las instituciones de la UE y al BCE, que valoren que estas ayudas, de las que incomprensiblemente cuatro meses después de su aprobación aún no se ha concedido ni un euro, sean reales y efectivas y vayan dirigidas a los autónomos y empresas más afectados por la pandemia, eso sí con la correspondiente condicionalidad, sin excluir a aquellos que más han hecho por mantener la actividad de sus empresas, incluyendo a los autónomos que directamente han dejado de percibir su remuneración salarial para poder hacer frente a los pagos a sus proveedores, o a aquellas Pymes que han utilizado todos sus fondos propios para resistir y hacer frente a sus pagos de forma responsable.
Desde el inicio de la pandemia las instituciones de la UE y el BCE han mostrado su máxima preocupación por la solvencia del sistema financiero de la Zona Euro.
En aras a tratar de garantizar la solvencia del sistema financiero, las instituciones de la Zona Euro y el BCE idearon un sistema con varias etapas con carácter transitorio y nada estructural, y bajo el pretexto de tratarse de un apoyo a las Pymes, se ha llevado a cabo la expansión de balance del BCE con adquisición de deuda corporativa de oligopolios de rentas excesivas, el otorgamiento de avales de bancos promocionales, como el ICO, de los Estados Miembros de la UE para que el sistema financiero pudiera reestructurar deuda de sus clientes, con el aval de los Estados Miembros, con el pretexto de destinarse dichos avales a la financiación de Pymes y autónomos, y una política fiscal expansiva a través del pretexto de ayudas a Pymes y autónomos, siempre y cuando, dicha política fiscal expansiva se usará para el saneamiento de balances de las entidades financieras.
Este proceder no es nuevo y así cabe recordar como en el Plan de Pago de Proveedores de la Gran Crisis Financiera 2007-2013, por el cual el estado español se endeudo en el mercado de deuda pública, con el consentimiento del BCE, para destinar ese endeudamiento a que las administraciones públicas locales y autonómicas abonaran las deudas a sus proveedores, siempre y cuando, en un alto porcentaje, esos importes percibidos por los proveedores fueran destinados a reestructurar deuda que a su vez estos últimos tuvieran con el sistema financiero.
CONPYMES aboga por soluciones estructurales del sistema financiero de la Zona Euro, entre ellas, la creación de un banco malo como ha propuesto el Supervisor Único Bancario, en el que con valoraciones reales de mercado y no artificiales se alojara en el mismo los créditos vencidos en más de 90 días, que en el medio plazo permita disponer de un sistema financiero, con similitudes al de los Community Banks de EEUU, adecuado para la financiación de las Pymes de la UE.
Y desde luego el inaplazable cambio del modelo productivo hacia un capitalismo inclusivo propugnado por CONPYMES.
