Esta medida contribuiría a la recuperación de la economía, estimulando el espíritu emprendedor, creando empleo y reduciendo el riesgo de exclusión social.
Madrid, 15 de julio de 2021. CONPYMES lamenta que el Gobierno de España no facilite la mejora de la Ley de la Segunda Oportunidad como indicó Nadia Calviño, vicepresidente 1ª del Gobierno, al excluir de la exoneración el crédito público, ya que éste afecta a todo el sistema de tratamiento de la insolvencia. Esta medida contribuiría a la recuperación de la economía, estimulando el espíritu emprendedor, creando empleo y reduciendo el riesgo de exclusión social.
Es importante recordar que esta ley permite a las personas insolventes volver a empezar y, por tanto, esta medida contribuiría a que los empresarios y empresarias insolventes y sobre endeudados puedan disfrutar de la exoneración de las deudas en un periodo de tiempo razonable, reiniciando su actividad empresarial y haciendo posible una segunda oportunidad real como así lo han sugerido organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial.
Desde la Patronal consideran imprescindible que las deudas con la Seguridad Social y Hacienda no queden excluidas de la Ley de Segunda Oportunidad, ya que es la única posibilidad que se haga efectivo el objetivo que persigue la ley de dar una nueva oportunidad a las personas que por cualquier motivo han llegado a una situación de endeudamiento excesivo.
En palabras del presidente de CONPYMES, José Luis Roca “En los procesos de reestructuración de deuda y de ejecución y concursales habría que acabar con los privilegios de los acreedores hipotecarios y públicos, ya que deberían dejar de ser créditos privilegiados y debería arbitrarse a través de la mediación administrativa obligatoria extrajudicial, que está previsto incluirse en los procedimientos judiciales en varios anteproyectos de ley que nunca ven la luz pública”.
CONPYMES defiende que se eliminen las medidas formales como la suspensión de requisitos para la presentación del concurso de acreedores que lo único que consiguen es dilatar el proceso e indica que es necesaria una reforma profunda en la que se regulen estructuras como la disminución de los privilegios de los acreedores hipotecarios y de las administraciones públicas.
Para CONPYMES la formula sería sencilla, ya que la Agencia Tributaria podría obtener capital para estas reformas reforzando la recaudación ejecutiva de los más de 15.000 millones de euros adeudados por morosos en ejecutiva de más de 600.000 €. En este caso, solo con que se recuperara el 50% de esta deuda, se dispondría de unos 7.500 millones de euros para admitir la caída de privilegios del acreedor administración pública frente a Pymes y autónomos en procesos de segunda oportunidad y aprobar quitas del 50% de esta deuda privilegiada, siempre y cuando las Pymes y autónomos aportaran un tanto % de fresh capital en su petición de quita.
