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CONPYMES reclama que los próximos PGE sirvan para promover políticas públicas que contribuyan a hacer viables al mayor número de empresas posible

El presidente de la patronal señala que dicha viabilidad fomentaría la creación de otras nuevas que generen más puestos de trabajo y prosperidad para España.

La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) reclama que los próximos Presupuestos Generales del Estado promuevan políticas públicas con tal de salvar al mayor número de empresas posible y que se puedan crear otras nuevas que generen más puestos de trabajo y prosperidad para España. José María Torres, presidente de CONPYMES, señala que “la mejor política social es generar empleo” y añade que “esto va de apoyar a los emprendedores y a las empresas, así como de generar actividad económica y puestos de trabajo que hagan más competitivo a nuestro país”.

Torres ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados ayer con “optimismo responsable” considerando el comportamiento anormal de este tercer trimestre, donde “el empleo aumenta, pero menos que en años anteriores, y el paro crece cuando normalmente se reduce en el tercer trimestre”. Estos datos indican que la crisis económica puede estar llegando al ámbito que hasta ahora venía mostrando signos de fortaleza: el empleo. Con todo, CONPYMES valora positivamente que los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 12.900 en el tercer trimestre del año, y que los hogares con todos sus miembros ocupados subieron en 47.100, nuevo máximo histórico.

Asimismo, la patronal pide al Gobierno “que sea proactivo frente a los síntomas de ralentización del mercado del trabajo y la necesidad de coordinar las políticas pasivas, las prestaciones, con las activas, para fomentar la inserción de colectivos como el de mayores de 45 años en el mercado de trabajo con la máxima celeridad posible”.

Respecto a los autónomos, CONPYMES valora positivamente el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, de que los autónomos que inicien su actividad en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel tengan una cuota reducida durante tres años,  ya que introduce el vector territorial en la sensibilización por el desarrollo, la promoción económica y la despoblación, y pide que la medida se haga extensiva al resto de zonas rurales que cumplan las mismas características.

La patronal presentó enmiendas al Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. En el texto se pedía la ampliación del período de aplicación de la cotización por una cuota reducida para los autónomos que residieran o ejercieran su actividad en poblaciones de menos de 5.000 habitantes hasta los sesenta meses a contar desde el inicio de la actividad. Se trata de una medida de apoyo al mundo rural con el objetivo de que se pueda impulsar la inversión, el desarrollo de actividades y la creación de puestos de trabajo.

Indican también que es urgente e imprescindible revisar los salarios, pero “hay que hacerlo bajo criterios de productividad y de justicia para no generar desequilibrios y no afectar la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Teniendo en cuenta la actual coyuntura marcada por la inflación, desde CONPYMES consideran que hay que ser conscientes de los graves efectos que está causando la inflación especialmente en las mipymes en cuanto al encarecimiento de la energía y las materias primas. Por ello, defienden que los aumentos salariales vayan indexados a otros factores más allá del IPC como la evolución de la economía o la productividad.

CONPYMES hace también un llamamiento para que la Administración acceda a compensar los sobrecostes de la actual crisis en sus contratas para no contribuir a poner en peligro la estabilidad de miles de trabajadores amenazada por la actual coyuntura económica. Pone como ejemplo al sector de la limpieza profesional, en el que más de 570.000 personas trabajan en alguna de las cerca de 36.000 empresas –pymes en su mayoría– que conforman el sector. “Un sector que también ocupa a personas con dificultades de inclusividad en el mundo laboral y a las que hay que proteger de forma especial”, declaran.