Con motivo del recurso interpuesto por la confederación de pymes, el Tribunal anula el Real Decreto 1027/2022 que concedía subvenciones a la digitalización a determinadas organizaciones al considerar que no se justificó adecuadamente su concesión y al no producirse tampoco circunstancias excepcionales
La Patronal recuerda que la sentencia incide en la necesidad de considerar otros interlocutores sociales y se pone a disposición de la ministra para dar el mejor cumplimiento al mandato judicial
CONPYMES ha solicitado una reunión urgente a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, con el objetivo de abordar el cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo 22/2024 que anula el Real Decreto 1027/2022 que concedía subvenciones para la digitalización del tejido productivo a CEOE, Cepyme y UGT al considerar que no se justificó adecuadamente su concesión y al no producirse tampoco las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia o la guerra en Ucrania que pudiera justificarlo dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El presidente de la entidad, José María Torres, ha remitido una carta a la ministra en la que pide este encuentro para abordar el alcance de la Sentencia 22/2024, motivada por la interposición de un recurso de CONPYMES: “Es nuestro objetivo como organización empresarial el aportar valor institucional mediante la exposición de nuestras inquietudes, propuestas, recomendaciones y argumentos, para la mejor toma de decisiones en la configuración de las políticas públicas, y en especial, las relativas a la formación profesional de nuestras personas trabajadoras”.
Sobre las reuniones que se están produciendo con las organizaciones afectadas por la anulación del Real Decreto, Torres ha recordado que “la sentencia referida incide en la necesidad de considerar otros interlocutores sociales”. Por eso, ha ofrecido la participación de CONPYMES y ha puesto esta entidad a su disposición “para dar el mejor cumplimiento al mandato judicial”, así como “ejercer nuestra responsabilidad y cometido en la representación y defensa de los intereses de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
