La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), organización patronal de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, y el grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, propondrán al Gobierno introducir una enmienda al Real Decreto Ley 36/2020 de gestión de los fondos europeos para impedir que ninguna empresa que presente impagos a sus proveedores por encima de los 60 días legales pueda recibir estas ayudas.
«Nos parece una magnífica idea», ha resaltado el portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique. «No solamente se repara una incomprensible injusticia con el tejido de pymes y autónomos. Además pensamos que este requisito puede servir como aliciente para que las grandes empresas paguen lo que deben a nuestro tejido pequeño y mediano y eso suponga un importantísimo impulso a la recuperación económica y del empleo.»
Desde CONPYMES, y en su labor de defensa de autónomos, pymes y empresas, han propuesto la modificación para que aquellas grandes empresas que se encuentran endeudadas, y que lastran la actividad del tejido productivo de nuestro país por el impago a proveedores, no se les premie y por tanto se les restrinja el acceso a estas ayudas vinculadas a los fondos europeos.
Como han manifestado María José Landaburu, Vicepresidenta Segunda de CONPYMES, “no es de recibo que se recompense a grandes empresas endeudadas mientras que a muchas pymes y trabajadores y trabajadoras por cuenta propia no pueden afrontar la burocracia ni cuentan con la estructura para acceder a los fondos europeos, y siguen esperando que sus grandes morosos les paguen”.
Tanto CONPYMES como Unidas Podemos iniciarán contactos con el resto de grupos parlamentarios para que apoyen la propuesta.
En España, más del 99% de las empresas son pymes y autónomos, representan el 70% del empleo y más del 60% del producto interior bruto. Es decir, son la parte principal de nuestro sistema productivo. Son la base de la economía.
Al mismo tiempo, las grandes empresas ejercen habitualmente su posición dominante para lograr tratos abusivos con pymes y autónomos. Por supuesto, en la fijación de precios, pero también en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, en los plazos de pago.
Aunque la ley fija un máximo de 60 días para pagar las facturas, según los últimos datos de los que disponemos, las empresas del Ibex pagan a un promedio de 169 días, casi medio año. Según los datos que las propias empresas del Ibex proporcionan a la CNMV, deberían a sus proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, más de 60.000 millones de euros.
Esto no solamente supone una práctica abusiva de financiación forzada a tipo de interés cero y una injusticia sino que también supone una grave ineficiencia para nuestra economía. Que 35 empresas tengan retenidos 60.000 millones de euros que deberían estar circulando por todo el tejido pequeño y mediano del país reduce la generación de empleo, la demanda agregada y en general la vitalidad de nuestro sistema económico.
