Como se recordará, pese a que en Abril del pasado año el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal el peaje a camiones en la N-1 y la A-15 puesto en marcha en Enero de 2018, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha continuado exigiendo el cobro del mismo a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan por ambas vías, manteniendo de este modo los ingresos millonarios que mensualmente recauda de los transportistas, bajo la excusa de que dicha decisión no es firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo en base al recurso presentado por dicha Administración.
Además, a fin de sortear un posible fallo judicial contrario del Supremo, el pasado verano las Juntas Generales tramitaron una reforma “exprés” de la norma foral que regula los citados peajes, que fue tramitada por vía de urgencia para tratar de que pudiera ponerse en marcha antes de las elecciones locales y provinciales de finales de este mes de Mayo, y que finalmente fue aprobada el pasado mes de Noviembre, aunque a diferencia de la norma aprobada en 2017, en esta ocasión no contó con el apoyo unánime de todos los Grupos Políticos, al haber votado favorablemente sólo PSOE y PNV.
La nueva regulación, que entrará en vigor este martes 14 de mayo, establece un nuevo peaje “edulcorado” respecto a la versión anterior, a fin de tratar de camuflar el carácter discriminatorio de la actual regulación del peaje, estableciendo dos nuevos pórticos de control del pago del peaje (en Astigarraga y en Andoaín) y ampliando levemente el tramo sujeto a cobro, en concreto 3´1 kilómetros más en el caso de la N-1.
En todo caso, estando a la espera de que en los próximos meses el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto por la Diputación de Guipúzcoa y las Juntas Generales contra la sentencia del TSJ del País Vasco que declaraba ilegal el anterior sistema de cobro del peaje, FENADISMER junto con las restantes asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera han impugnado la nueva regulación ante dicho Tribunal por considerar que persiste la misma situación de discriminación para los transportistas que atraviesan dicha provincia que contemplaba la regulación anterior.
