- El régimen sancionador, reivindicación histórica de la Plataforma contra la Morosidad cada vez está más cerca de ser una realidad.
- Antoni Cañete – “Poner fin a la morosidad es un elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país”
Madrid, 31 de julio de 2020.
La Plataforma Pymes valora positivamente que el Pleno del Congreso haya validado ayer las conclusiones de Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción, que incluyen la aprobación de régimen sancionador —que multará a las empresas morosas— solicitada por su vicepresidente, Antoni Cañete, durante su comparecencia en la Comisión el pasado 8 de junio.
Cañete fue uno de los 20 representantes de la sociedad civil elegidos para formar parte del grupo de trabajo de Reactivación Económica de esta Comisión, que tiene como objetivo proponer medidas de impulso en el escenario post covid-19 en los diferentes ámbitos productivos.
Desde la Plataforma Pymes se aplaude a los diputados el esfuerzo realizado para poner en valor una herramienta tan imprescindible para pymes y autónomos, ya que incrementará la liquidez y mejorará su competitividad y productividad. Un efecto directo de este régimen sancionador será la reducción de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos al cobrar, por fin, sus facturas.
La reivindicación histórica de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), organización miembro de la Plataforma Pymes, cada vez está más cerca de ser una realidad; “confiamos en que por la vía de urgencia se pueda aprobar la ya presentada proposición de ley de multas para los morosos”, manifiesta Cañete.
Para el vicepresidente de la Plataforma Pymes y Presidente de la Plataforma contra la Morosidad, poner fin a la morosidad es un “elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país; el régimen sancionador supondrá un punto de inflexión en la economía del país, será la clave para acabar con esta lacra, que posiblemente sea la que más vaya a generar pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en estos momentos, en los que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”.
Efecto directo de este régimen sancionador será la inyección al sistema de los más 150.000 millones de euros correspondientes a las facturas pendientes de pago a proveedores por parte de las empresas cotizadas y administraciones públicas, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país.
Este importante paso que van a dar nuestros diputados, es uno de los muchos que se han de dar para cuidar y salvar a quien paga los impuestos.
