Como ha venido informando FENADISMER, la tramitación del nuevo Paquete Legislativo de
Movilidad en el ámbito de la Unión Europea, que introduce importantes modificaciones en materia de desplazamiento de trabajadores (salario mínimo), acceso al mercado y tiempos de conducción y descanso, ha sido objeto de un constante enfrentamiento entre los países de Europa del Este y los países occidentales, al considerar aquéllos que algunas de las nuevas medidas a introducir tienen un carácter absolutamente “proteccionista” en perjuicio de sus transportistas nacionales.
La realidad es que en los últimos 10 años el crecimiento de las flotas de los países del Este en el transporte internacional europeo ha sido espectacular, en detrimento de las flotas de los países occidentales. Así cabe indicar que menos del 9% de las empresas de transporte francesas e italianas realizan transporte internacional, o el 13% de las empresas alemanas, lo que contrasta con que más del 50% de la flota polaca, checa o rumana se dedican al transporte internacional, entre otras. Ello ha supuesto que en el ranking europeo del transporte por carretera medido en toneladas por kilómetros recorridos, en los 10 primeros puestos se sitúan 7 países del Este, en concreto, Polonia que ocupa el primer lugar de forma muy destacada, junto a República Checa, Hungría, Eslovaquia, Lituania, Rumanía y Bulgaria. Además, no debe olvidarse que al amparo de la libertad de establecimiento en el seno de la Unión Europea, un importante número de empresas de transporte radicadas en los países occidentales se han deslocalizado en países del Este, aprovechando sus menores costes laborales y fiscales, para continuar operando en sus mercados tradicionales, lo que ha originado una inadmisible competencia desleal con las empresas establecidas en sus países de origen.
De ahí que el Paquete de Movilidad, cuya aprobación definitiva se llevará a cabo en los próximos meses, trate de establecer unas reglas de mercado equitativas y leales, que eliminen los actuales abusos que llevan a cabo empresas de transporte registradas en países del Este a los únicos efectos laborales y fiscales pero sin ninguna vinculación o actividad real con dicho país, al estar desplazadas en otros países europeos donde trabajan permanentemente.
Sin embargo, tales medidas regulatorias son rechazadas abiertamente por los Gobiernos de Bulgaria, Rumania, Polonia, Hungría, Letonia y Lituania, quienes ya han anunciado, sin esperar a la aprobación definitiva del Paquete de Movilidad, que lo impugnarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En especial, rechazan la medida que obligará a los camiones a regresar a su país de origen al menos una vez cada cuatro semanas, a fin de que acrediten que tienen una mínima vinculación real con su país de establecimiento. Así, consideran dicha medida contraria al principio fundamental de la libre circulación de bienes y capitales en el seno de la Unión Europea. En palabras del eurodiputado búlgaro Peter Vitanov, miembro de la Comisión de Transportes “No hay forma de obligar a nadie a ir a ningún sitio. Es contrario al libre mercado”.
En todo caso, habrá que esperar a la aprobación definitiva del Paquete de Movilidad en el seno de la negociación interinstitucional del Trílogo (Parlamento, Consejo y Comisión) que se inicia en esta semana.
