13 Jun Nuevo varapalo a las subvenciones “a dedo” al monopolio de CEOE en el Diálogo Social
Las ayudas vinculadas al Diálogo Social de Castilla y León dejarán de ser exclusivamente para UGT, CCOO y CEOE basándose en la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a CONPYMES
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha publicado este miércoles, 12 de junio, las bases de las subvenciones vinculadas al Diálogo Social que buscan abrir las ayudas a sindicatos y asociaciones empresariales a una veintena de organizaciones y eliminar así la exclusividad de los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal (CEOE).
Esta decisión se basa en la sentencia del Tribunal Supremo en la que dio la razón a CONPYMES y anuló el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regulaba la concesión de subvenciones directas y exclusivas para los llamados “interlocutores sociales más representativos”.
El Tribunal Supremo fue muy claro cuando dijo que “no son los sindicatos de clase y la patronal los únicos interlocutores representativos, por lo que la idea de posición única carece de toda justificación”, asumiendo por parte de la Justicia que otros interlocutores deben poder participar de estas subvenciones.
José María Torres, presidente de CONPYMES, organización nacional que representa a más de 2 millones de pymes y autónomos en España, comenta que “es una gran noticia que se abra la puerta a que otras organizaciones empresariales y sindicales puedan acceder a ayudas. “El Tribunal Supremo fue muy claro cuando dijo que la supuesta representación que se otorga a las organizaciones CEOE y CEPYME no justifica su condición de únicos perceptores”, manifiesta.
Asimismo, Torres añade que “es un paso muy importante para la democratización del Diálogo Social y esperamos que el resto de comunidades autónomas sigan el ejemplo”. “Establecer un diálogo y una participación en las relaciones laborales de forma más democrática y plural, que cuenten con todas las organizaciones, es fundamental. Los programas de fomento de las actividades de los interlocutores sociales se deberían distribuir mediante un prorrateo en proporción a su capacidad representativa”, concluye.
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