Para la Plataforma Pymes, la reciente crisis económica y sobre todo, las recetas aplicadas por nuestros gobernantes para salir de ella, han demostrado ser insuficientes. Las reformas estructurales son de difícil implantación por varios motivos, entre los que destacan la rigidez de las estructuras e instituciones donde es más fácil modificar normas en el mercado laboral que en el de productos y servicios; la política fiscal, ya que es más sencillo elevar impuestos que reducir gasto y eliminar inversiones de capital que gasto corriente; y el ineficiente canal de transmisión del crédito, que dificulta la llegada de liquidez a Pymes y autónomos.
Por ello, la Plataforma Pymes opina que es necesario asegurar las condiciones para distribuir adecuadamente los recursos y crear un marco jurídico sostenible. La devaluación estructural, que nada tiene que ver con la salarial, es un mecanismo que persigue similares objetivos que la devaluación fiscal, pero apoyándose en diferentes métodos. Además, reduce los desequilibrios a través del incremento de la productividad y competitividad.
Se trata de desarrollar reformas en el marco jurídico y económico que incrementen la competencia y aseguren una eficiente ubicación de los recursos, tanto financieros como humanos. Por ejemplo, el refuerzo de las autoridades de la competencia, la reducción y flexibilización de cargas y autorizaciones administrativas y la mejora en la justa concurrencia en licitación pública.
Para ello, es necesario reducir las posiciones de dominio del mercado de las “superstars firms”, especialmente en industrias de red, como energía, telecomunicaciones y transporte, lo que significa luchar contra intereses creados. Implementar reformas en estos sectores es fundamental, no solo porque suponen recolocación de capitales, sino porque incrementan la competitividad en el conjunto de la economía al reducir el coste de sus inputs.
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